La guía para autorregular nuestras operaciones siguiendo los más altos estándares de la industria.
Los sucesos recientes en la industria cripto y la entrada de nuevos clientes a este ecosistema han acelerado el interés de los gobiernos en regular a los proveedores de servicios cripto. Desde nuestra fundación en el 2014, hemos apoyado a las autoridades en su búsqueda por crear claridad regulatoria para la industria. Lo hemos hecho con la convicción de que dicha claridad es necesaria para lograr un mercado íntegro, y que la responsabilidad, transparencia y el manejo de riesgos son necesarios para otorgar protección y seguridad a nuestros clientes.
Actualmente somos el proveedor líder de servicios financieros impulsados por criptomonedas en América Latina. Operamos en Argentina, Brasil, Colombia y México, y le ofrecemos a nuestros clientes una manera simple y confiable de acceder a servicios financieros seguros, fáciles de usar y sin fronteras impulsados por criptomonedas. Creemos que el sistema financiero de América Latina está listo para su disrumpido, en especial considerando la exclusión financiera, los costosos pagos transfronterizos y las monedas fiat rápidamente devaluadas que la región enfrenta. En Bitso, estamos empleando cripto para generar cambios en este sistemas. Por ejemplo, en los primeros tres trimestres de 2022 usamos cripto para transaccionar más de 2.1 MDD en pagos transfronterizos de una manera rápida y de bajo costo, y esta es una cifra que buscamos en 2023.
A pesar de los distintos casos de uso diario que vemos en cripto, el potencial de esta tecnología se encuentra en su habilidad de convertirse en la alternativa confiable para los bancos tradicionales, por lo que la regulación juega un rol clave en crear la confianza necesaria para potenciar su adopción. Es por eso que, a través de los años, Bitso ha buscado consistentemente cumplir con las regulaciones existentes, y hasta autorregularse cuando se carece de un marco jurídico.
Nuestra experiencia como una de las pocas plataformas reguladas de punta a punta en la región nos ha ayudado a identificar las mejores prácticas que embonan con la realidad financiera de América Latina. Esta guía conjunta las prácticas y principios a los que nos hemos apegado y comprometido como un proveedor de servicios cripto que prioriza la seguridad, responsabilidad y el manejo de riesgos. Estos son los principios que gobiernan nuestras operaciones y los estándares que tomamos en cuenta cuando nos reunimos con reguladores para construir marcos jurídicos que den paso al futuro de las finanzas.
Principios regulatorios para cripto en Bitso
1. Defender los intereses de nuestros clientes ante todo. Mientras nos esforzamos por crear productos para hacer que cripto sea útil, nos comprometemos a operar de una manera segura, firme y transparente. La protección al consumidor siempre ha estado en el centro de nuestro negocio, y en el pasado hemos sacrificado un crecimiento veloz para asegurar la seguridad de nuestros clientes. Esta apuesta ha valido la pena (lee más sobre confianza y transparencia aquí). Apoyamos las regulaciones que no solo defienden la protección al consumidor, sino también sus derechos.
2. Custodia segura de fondos. Respaldamos y promovemos las políticas públicas que aseguran las mejores prácticas custodiales cada vez que los clientes confían sus ahorros o activos a un tercero. Vemos la segregación de fondos, las wallets multifirma y las auditorías constantes de parte de terceros independientes como claves para proteger los fondos de los riesgos potenciales que se puedan presentar en la industria. Tomamos todas las precauciones necesarias para resguardar los activos de los clientes de eventualidades inesperadas, y nunca usaremos los fondos de nuestros clientes sin su permiso explícito.
3. Un sistema financiero verdaderamente inclusivo. La regulación financiera internacional ha sido construida desde y para aquellos con privilegios y, como parte de la naturaleza cripto, en Bitsoqueremos y buscamos que sea construida desde todos y para todos. En América Latina existen poblaciones enteras que, dada su falta de historial crediticio o documentación de identidad apropiada, han sido marginadas del servicio financiero, incapaces de acceder a productos y servicios financieros equitativos. Abogamos por regulaciones, políticas y prácticas que prioricen los intereses de aquellos que han sido desplazados por el sistema financiero tradicional.
4. Neutralidad tecnológica. Las tecnologías no son inherentemente buenas o malas. Los usuarios tienen el derecho a usar cualquier tecnología que atienda sus necesidades, incluyendo blockchain. Apoyamos la regulación que magnifique los objetivos a lograr por encima de crear juicios de valor sobre la tecnología usada para lograrlos.
5. Reglas anti-lavado de dinero (ALD) que efectivamente prevengan delitos. Sostenemos un fuerte compromiso por cumplir los estándares ALDcontra el financiamiento al terrorismo (CFT) desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, consideramos que las políticas ALD que requieren procedimientos de debida diligencia hacia clientes desproporcionados son restrictivas, y desincentivan a aquellos proveedores de servicios financieros que ofrecen sus productos a personas de bajos ingresos. Por ende, apoyamos la aplicación lógica de políticas ALD/CFT que identifican áreas de riesgo basadas en países, clientes y productos, y que no comprometen la capacidad de las instituciones de tecnología financiera de brindar servicios financieros a un amplio rango de personas. Dada la transparencia y trazabilidad de las blockchains, cripto es especialmente adecuada para brindar información que facilite la toma apropiada de riesgos con respecto a actividades ilícitas. Nuestra visión de una aplicación basada en riesgos de los estándares ALD/CFT se basa en el hecho de que, en 2022, solamente 0.24% de todas las actividades de criptomonedas estuvieron asociadas con alguna actividad ilícita.
6. La educación como la clave de la toma informada de riesgos. Por mucho tiempo, el acceso a instrumentos financieros más sofisticados en mercados emergentes ha sido un privilegio gozado por pocos. La falta de educación financiera y uso de la jerga tecnológica han contribuido a una cultura en donde las personas prefieren evitar el uso de instrumentos que puedan ayudarles a crear riqueza generacional. Abogamos por educación financiera de calidad y apoyamos políticas que refuercen la importancia de la comunicación clara y las divulgaciones de riesgo apropiadas. Creemos que dicha educación, comunicación y divulgaciones empoderan a los clientes y al público general para tomar decisiones financieras acertadas.
7. Acceso sin fronteras a servicios financieros. Enviar un mensaje desde diferentes rincones del mundo hoy en día toma fracciones de segundo, y el costo marginal de hacerlo es cercano a cero. Sin embargo, transferir dinero entre dos países conlleva un costo promedio de más del 6% del valor total de la transacción. En nuestra experiencia,los productos con respaldo de cripto pueden reducir significativamente los costos y aumentar la eficiencia de los pagos transfronterizos cuando se comparan con medios tradicionales de transferencias internacionales. Por ende, abogamos por políticas que protejan e incentiven un sistema financiero sin fronteras impulsado por cripto, y que reconozcan que imponer marcos soberanos sobre activos sin fronteras no tiene sentido. Por ello, aunque sabemos que cada país tiene una realidad financiera única y sus marcos regulatorios correspondientes, apoyamos políticas que inhiben el arbitraje regulatorio y que son lo suficientemente homogéneas para potenciar los beneficios globales de cripto.
8. Acuerdos de gobernanza corporativa que fomenten prácticas éticas en las empresas. Pocas responsabilidades son tan importantes como guardar el dinero de otros. Es por ello que valoramos y abogamos por la implementación de controles y procesos internos que defiendan la integridad de las operaciones y responsabilicen a nuestros directores de perseguir los mejores intereses de nuestros clientes. Apoyamos políticas en donde existan procesos para garantizar la debida toma de decisión de temas fundamentales y que aseguren que todos los intereses de nuestros inversionistas están siendo debidamente protegidos.
